22 de Octubre de 2014

Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León

Atribuciones

Las encontramos en el artículo 4 de la parte general de la Ley del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, los cuales refieren que los servicios jurídicos de la Defensoría Pública se proporcionarán de manera obligatoria y gratuita en lo referente a la defensa, en materia penal a los acusados, así como otorgar asesoría y patrocinio legal en asuntos de orden Civil, Familiar, Mercantil y Administrativo a personas de escasos recursos económicos, en los términos de su propio Reglamento.
La atención de asuntos deberán agotar la instancia de métodos alternos en la solución de controversias.

Articulo 4.- El Instituto prestará sus servicios profesionales en materia penal a que tiene derecho todo ciudadano en los términos de los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19 de la Constitución del Estado, consistente en una defensa integral ininterrumpida, oportuna, técnica, eficiente y competente.

En las materias Familiar, Civil, Mercantil y de justicia administrativa se prestarán los servicios de orientación, asesoría y patrocinio de casos, poniendo especial énfasis en la protección y defensa de los derechos de las personas de escasos recursos económicos y de grupos vulnerables. Su patrocinio litigioso se resolverá en la forma y términos que determine el Reglamento de esta Ley.

Por otra parte con fecha 15 de Febrero de 1990 por acuerdo del ejecutivo se creó el programa estatal de fianzas de interés social, con el objeto de apoyar a los infractores de delitos menores, para obtener su libertad caucional, siempre y cuando sean reos primarios, de escasos o nulos recursos económicos, y que revelaran mínimo peligrosidad. Posteriormente con fecha 23 de Febrero de 1990 se emitió un nuevo acuerdo a fin de actualizarlo y refrendar el compromiso del gobierno del estado para conceder y expedir gratuitamente a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado las fianzas directas y complementarias de interés social, concediendo a la Defensoría de Oficio y ahora Instituto de la Defensoría Pública del Estado la gestión de las mismas cuando el solicitante sea defendido por la institución.

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